El Gobierno recalibra su estrategia: retira el proyecto de reforma penal juvenil y fijará la edad de imputabilidad en 14 años

Tras una "desinteligencia" interna, el Ejecutivo enviará hoy una nueva iniciativa que respeta el consenso alcanzado con la oposición aliada. El oficialismo mantiene una agenda exprés: busca dictamen el miércoles y media sanción el jueves.

El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil enviado el lunes y remitirá este martes una nueva versión al Congreso. El motivo del cambio radica en la edad de imputabilidad: el texto original establecía el límite en los 13 años, mientras que la nueva redacción lo fijará en 14 años, cumpliendo así con el acuerdo previo sellado con sectores de la oposición.

Un error de cálculo y una hoja de ruta acelerada
Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) minimizaron el traspié calificándolo como una "desinteligencia". La prioridad ahora es no dilatar los tiempos. "No se retira la reforma, se corrige para respetar el consenso. El plan de sesionar este jueves sigue firme", confirmaron fuentes legislativas.

Para garantizar el avance de la norma, el oficialismo apura la conformación de comisiones estratégicas este martes:

10:00 hs: Constitución de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes (presidida por María Gabriela Flores, LLA).
11:00 hs: Constitución de la Comisión de Justicia (encabezada por Lisandro Almirón, LLA).
El debate formal en plenario de comisiones (incluyendo Legislación Penal y Presupuesto) se llevará a cabo el miércoles a las 11:00, con el objetivo de emitir dictamen de inmediato.

Claves del nuevo proyecto: Financiamiento y Penas
A diferencia de intentos previos, esta iniciativa pone el foco en la viabilidad económica y el federalismo.

Presupuesto Blindado: Se asignarán más de $23.700 millones para la implementación del sistema, repartidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General.
Infraestructura Provincial: El texto faculta al Ejecutivo a girar partidas específicas a las provincias para la construcción de centros especializados, un punto clave negociado por Gabriel Bornoroni para sumar apoyos federales.
Escala Penal: Se propone una pena máxima de 15 años para delitos graves (homicidios, violaciones, secuestros), reduciendo el tope de 20 años que se barajaba el año pasado. Se prohíbe taxativamente la reclusión perpetua.
Resocialización y límites a la discrecionalidad
El espíritu de la reforma busca equilibrar la demanda social de seguridad con las convenciones internacionales de derechos del niño. Aunque se baja la edad de imputabilidad (actualmente en 16 años), el proyecto establece:

Prioridad de reinserción: La privación de la libertad para menores de 15 años será excepcional y enfocada en la resocialización.
Sanciones no privativas: Para delitos menores, se priorizarán tareas comunitarias y la reparación del daño.
Separación absoluta: Se prohíbe la convivencia de menores con adultos en centros de detención y se garantiza el acceso a educación y salud especializada.
Con este movimiento, el oficialismo espera asegurar los votos del PRO y la UCR, quienes ya habían advertido que no acompañarían una baja a los 13 años, blindando así el camino hacia la media sanción en la Cámara Baja.