Redacción ARG360
El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo en las calles. La comunidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trasladó sus reclamos a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, donde lleva a cabo una jornada de clases públicas para exigir la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta coincide con el inicio de un paro nacional de actividades de cinco días, que afectará el normal desarrollo de las facultades en todo el país hasta el próximo sábado.
El reclamo central de la jornada está dirigido al máximo tribunal de justicia. Tras la sanción en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), el Ejecutivo conducido por Javier Milei frenó su implementación y judicializó el conflicto, argumentando la necesidad de proteger el equilibrio fiscal.
Luego de una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y en un contexto de constantes presiones (incluidas las masivas Marchas Federales), la Corte Suprema confirmó recientemente su intervención en el expediente. Con esta actividad callejera, la comunidad universitaria busca acelerar una resolución definitiva por parte de los magistrados.
La convocatoria, organizada por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), se desarrolla bajo un mensaje directo: "Señores jueces, que Milei cumpla la Ley".
En paralelo a las actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rige una huelga de toda la semana convocada por la CONADU Histórica y diversos gremios de base a lo largo del país. La medida responde a lo que los sindicatos denuncian como una "asfixia presupuestaria" y un severo congelamiento de ingresos.
Los gremios universitarios señalaron que, frente a una inflación de abril del 2,6%, el Ministerio de Capital Humano impuso un aumento salarial de apenas el 1,5%. Según las estimaciones sindicales, hoy se requiere una recomposición en torno al 56% solo para recuperar el poder adquisitivo que la docencia universitaria perdió durante los últimos meses.
"Nos encontramos en Tribunales para defender el sistema universitario nacional y exigir la plena implementación de la ley. La falta de presupuesto pone en riesgo la infraestructura crítica y la retención de nuestros docentes e investigadores."
El desfinanciamiento no solo impacta en los bolsillos del personal universitario, sino también en el presupuesto operativo de las unidades académicas, golpeando especialmente a áreas sensibles como la investigación y el funcionamiento de los hospitales universitarios.
Desde los frentes gremiales y estudiantiles advirtieron que, de no haber avances sustanciales por parte de la Corte Suprema o un cambio de postura en la Casa Rosada, el conflicto podría recrudecer de cara a la segunda mitad del año. Las medidas adoptadas durante esta semana servirán de base para evaluar si el sistema universitario garantiza o no el inicio normal del segundo cuatrimestre.
