Redacción ARG360
El vencimiento y la estrategia de financiamiento
Este viernes, el Tesoro argentino debe afrontar el segundo pago trimestral del año al Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto cercano a los USD 800 millones en concepto de intereses del préstamo tomado en 2018. Durante 2026, los compromisos totales con el organismo ascienden a más de USD 4.400 millones, distribuidos en siete vencimientos anuales que incluyen pagos en agosto (USD 826 millones), septiembre (USD 802 millones) y noviembre (USD 821 millones).
Para cumplir con esta obligación sin perforar las reservas, el Ministerio de Economía buscará capturar hasta USD 900 millones en una licitación de deuda esta semana, ampliando el tope de emisión de los bonos en dólares ley local AO27 y AO28 a USD 450 millones cada uno. Con este movimiento, el Gobierno no dependerá exclusivamente de que el Directorio del FMI apruebe a tiempo el desembolso previsto, aunque la expectativa sigue puesta en la reunión del board que se concretaría a principios o mediados de mayo.
El semáforo del Directorio: qué falta para que lleguen los USD 1.000 millones
El 15 de abril, el staff técnico del FMI y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico por la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) firmado en 2025, lo que habilita la llegada de USD 1.000 millones adicionales. Sin embargo, la aprobación final no es automática. El FMI dejó asentado en su comunicado que la revisión no será elevada al Directorio hasta que el Gobierno implemente "medidas correctivas" para subsanar los desvíos previos del programa.
Entre los analistas en Washington, la lectura es que se trata de una condición inusualmente explícita: el staff técnico pide señales concretas en materia cambiaria y de controles de capitales antes de girar los fondos, aunque descarta por ahora un pedido de devaluación brusca. La presión del Tesoro de Estados Unidos, que elogia la gestión de Milei como "un éxito fantástico", contrasta con la cautela de los técnicos del Fondo, que acaban de empeorar las proyecciones de inflación para Argentina y reclaman mayor flexibilidad cambiaria.
Las metas bajo la lupa: superávit fiscal, reservas y reformas
El acuerdo técnico ratifica el ancla fiscal como eje del programa: se mantiene la meta de un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026, sustentado en un estricto control del gasto pero con margen para la asistencia social focalizada. En el plano externo, la meta más exigente es la de acumulación de reservas: el FMI estableció un incremento de al menos USD 8.000 millones en las reservas internacionales netas, impulsado por compras del Banco Central por un piso de USD 10.000 millones durante el año.
Los números vienen bien encaminados en el frente comprador: el Banco Central ya acumula 74 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios y en lo que va de 2026 sumó más de USD 6.700 millones en adquisiciones de divisas, cubriendo el 67% del objetivo anual. Sin embargo, traducir esas compras en un aumento neto de reservas sigue siendo el cuello de botella: los pagos de deuda del Tesoro y las transferencias para sostener la transición cambiaria limitan la acumulación genuina. Según consultoras privadas, las reservas netas incluso retrocedieron pese al fuerte ritmo comprador.
El FMI también valoró la aprobación del Presupuesto 2026 y de una batería de leyes clave, entre ellas las que apuntan a formalizar activos financieros, flexibilizar el mercado laboral, ratificar acuerdos comerciales y destrabar inversiones en minería.
El plan financiero: deuda, privatizaciones y presión electoral
Con el objetivo de cerrar el programa financiero del año, el Gobierno también aseguró préstamos "garantizados" con el Banco Mundial, el BID y la CAF por cerca de USD 4.000 millones. A esto se suman los ingresos esperados por la privatización de empresas estatales y la posibilidad de reflotar un bono garantizado para levantar otros USD 10.000 millones en el mercado.
Aunque las necesidades de financiamiento para 2026 están prácticamente cubiertas, el horizonte de 2027 asoma más complejo: vencen más de USD 30.000 millones en compromisos de deuda, de los cuales USD 12.800 millones corresponden a bonistas privados, todo en un año electoral que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para evitar una nueva corrida como la que sufrió en la antesala de las elecciones de medio término de 2025. El propio FMI empuja al equipo económico a emitir deuda en los mercados internacionales en cuanto las condiciones lo permitan, con el objetivo de reforzar las reservas netas antes de que el calendario electoral complique la escena.
