Dos prestamistas de Manuel Adorni declararon como testigos en Comodoro Py en la causa por enriquecimiento ilícito

Dos de las prestamistas que, según la declaración jurada de Manuel Adorni, le habrían facilitado sumas de dinero en efectivo en los años previos a asumir como vocero presidencial, se presentaron este lunes en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigos en la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Las comparecientes, identificadas como Laura Beatriz Acosta y Mónica Liliana Sosa, fueron recibidas en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien también tramita una denuncia penal por lavado de activos contra el funcionario. Según fuentes judiciales, ambas ratificaron parcialmente la versión del vocero, aunque surgieron contradicciones en cuanto a las fechas, los montos y las garantías ofrecidas.

Adorni había justificado un incremento patrimonial de más de 80 millones de pesos entre 2020 y 2023 a partir de seis préstamos personales otorgados por estas mujeres, a quienes describió como "ahorristas de confianza" y "amigas de la familia". Sin embargo, la denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) señala que no existen registros bancarios ni respaldos documentales que acrediten la operatoria, lo que motivó la citación de las testigos.

Declaraciones y cruces

Durante más de dos horas, Acosta y Sosa respondieron preguntas del fiscal federal Carlos Stornelli y del abogado querellante por la OA. Según pudo reconstruir este medio, ambas admitieron haber entregado dinero en mano, pero difirieron sobre si existieron pagarés o intereses. Una de ellas afirmó que le prestó 35 mil dólares a Adorni en enero de 2022 para "un negocio inmobiliario", mientras que la otra habló de 48 mil dólares en cuotas irregulares durante 2021.

“No soy prestamista habitual. Fue un favor. Conozco a Manuel desde hace años y me pidió ayuda porque necesitaba liquidez para escriturar una propiedad”, declaró Acosta ante la prensa a la salida de los tribunales, aunque evitó dar detalles sobre el origen de los fondos. Sosa, en cambio, se retiró sin hacer declaraciones.

El contexto de la causa

La investigación contra Adorni comenzó a fines de 2024 a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detectó inconsistencias entre sus ingresos como funcionario (cobró salarios de hasta 1,2 millones de pesos) y la compra de un departamento en Puerto Madero, dos automóviles de alta gama y una serie de viajes al exterior realizados antes de asumir su cargo actual.

El abogado defensor del vocero, Enrique Viale, sostuvo que “no hay delito” y que los préstamos fueron legítimos y debidamente declarados. “Mis clientes no tienen cuentas ocultas ni sociedades offshore. Estas declaraciones confirman que el dinero existió”, afirmó Viale al salir de la audiencia.

Sin embargo, fuentes de la OA señalaron que el testimonio de las prestamistas no solo no despeja las dudas, sino que abre nuevas líneas de investigación, como la posible simulación de deudas o la falta de justificación del origen de los fondos entregados.

Próximos pasos

Casanello ordenó pericia caligráfica sobre los contratos de mutuo presentados por la defensa y citó a declarar a un contador que asesoró a Adorni en la confección de sus declaraciones juradas. Además, el juzgado aguarda un informe del Banco Central sobre movimientos financieros de las testigos para determinar si las prestamistas tenían capacidad económica real para otorgar dichos créditos.

El vocero presidencial, por su parte, reiteró su inocencia a través de su cuenta de X (ex Twitter): “Que investiguen todo. No tengo nada que ocultar. Son operaciones políticas para desgastar a este gobierno”.

La causa quedó en etapa de instrucción y no hay fecha probable para una eventual elevación a juicio.