
El fiscal investiga las millonarias refacciones en la casa del "Indio Cuá", mano derecha de Adorni, y cita a declarar al contratista de la obra
Redacción ARG360
En el marco de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Carlos Delgado ordenó citar a declaración indagatoria al contratista Luis Miguel Tassano, quien habría realizado obras de refacción de alto costo en la residencia de Héctor "Indio Cuá" Álvarez, conocido operador político y hombre de confianza del vocero presidencial, Manuel Adorni.
Fuentes judiciales confirmaron a este medio que las tareas de remodelación, realizadas entre enero y septiembre del año pasado, incluyeron la ampliación de dos dormitorios, la construcción de un quincho con parrilla, la instalación de un sistema de calefacción por losa radiante y la colocación de un revestimiento de mármol travertino en el living principal. Según peritos de la fuerza, el valor estimado de los trabajos supera los 45 millones de pesos, una suma que los investigadores consideran desproporcionada respecto de los ingresos declarados por Álvarez, quien se desempeña como asesor administrativo en la Secretaría de Comunicación de la Nación.
“Lo que se busca es establecer si existió un pago en negro o si, por el contrario, las refacciones fueron financiadas con fondos de origen lícito que no fueron declarados debidamente”, explicó una fuente cercana al expediente. El fiscal Delgado también requirió al contratista Tassano que presente toda la documentación respaldatoria, incluyendo facturas, recibos de honorarios, comprobantes de compra de materiales y las transferencias bancarias o cheques emitidos por el propietario.
Por su parte, el abogado defensor del “Indio Cuá”, Ricardo Gramajo, salió al cruce de las sospechas y aseguró que “no hay nada oculto”. En declaraciones a la prensa, Gramajo afirmó que las refacciones fueron financiadas “con ahorros de toda una vida y un préstamo prendario obtenido por el señor Álvarez a través del Banco Provincia”. Añadió que el contratista Tassano ya había trabajado para otras figuras del ámbito político y que todos los pagos se realizaron mediante depósitos bancarios.
Sin embargo, fuentes de la fiscalía señalaron que hasta el momento no se han encontrado en las cuentas de Álvarez los movimientos que justifiquen una erogación de esa magnitud. El préstamo prendario que menciona la defensa sería apenas por 1.200.000 pesos, muy lejos de los 45 millones estimados.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó hacer declaraciones al respecto durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, aunque fuentes cercanas al funcionario indicaron que “no tiene ninguna injerencia en las finanzas personales de su colaborador” y que “confía en la transparencia de su equipo”.
La citación al contratista Tassano está prevista para el próximo martes 22 a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. En caso de no comparecer o no presentar la documentación requerida, el fiscal adelantó que podría solicitar su detención y un allanamiento en su domicilio y su empresa.
El caso, que ya genera repercusión en los principales medios opositores, amenaza con salpicar a funcionarios cercanos al gobierno nacional en un año electoral. La Unidad de Información Financiera (UIF) también fue convocada para realizar un perfil patrimonial actualizado de Héctor Álvarez y su núcleo familiar.
Cierre: La declaración del contratista será clave para determinar si las lujosas refacciones en la casa del “Indio Cuá” fueron una obra más o el eslabón de una trama de corrupción que el fiscal Delgado promete desentrañar.


Conmoción en Santa Fe: Un alumno ingresó armado a una escuela de San Cristóbal y mató a un compañero

Ataque conjunto de EE. UU. e Israel a Irán desata alarma global y pone en jaque el mercado del petróleo

Artemis II recrea la icónica foto "Earthrise" del Apolo 8, pero ahora desde el lado oculto de la Luna
Tensión en Avellaneda: una protesta de piqueteros deriva en incidentes y cortes de calles

El Tribunal Superior de Santa Cruz se niega a ampliar su cuerpo y el gobernador recurrió a la Corte Suprema



