Redacción ARG360
La crisis judicial en Santa Cruz escaló al máximo nivel. El gobernador Claudio Vidal recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial rechazara habilitar la instancia federal, dejando firme la declaración de inconstitucionalidad de la ley que ampliaba el número de sus integrantes de cinco a nueve miembros. La presentación, realizada por la Fiscalía de Estado a través de un recurso de queja, busca que la Corte Nacional revierta esa decisión y se expida sobre el fondo del conflicto.
El origen de la controversia se remonta al 28 de agosto de 2025, cuando la Legislatura sancionó la ley 3.949, que disponía la ampliación del máximo órgano judicial provincial. Sin embargo, la medida encontró una férrea resistencia en un sector del propio tribunal. El 1° de octubre, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio” interpuso una acción de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Finalmente, el 17 de diciembre, con la firma de cuatro vocales y una jueza subrogante —todos vinculados al kirchnerismo—, el TSJ dictó la sentencia que declaró inconstitucional la ley 3.949.
El fallo profundizó una fractura interna ya existente. En septiembre, antes incluso de la sanción de la ley, un sector del tribunal se había opuesto a la asunción de los nuevos jueces designados por el Ejecutivo tras la reforma. El juez Daniel Mariani les tomó juramento en soledad, lo que derivó luego en su desplazamiento de la presidencia del cuerpo. Desde entonces, el tribunal funciona bajo una inédita lógica de “doble comando”: por un lado, el bloque de cuatro jueces alineados con el kirchnerismo, presidido por René Fernández, que rechaza la ampliación; por el otro, Mariani junto a los nuevos vocales impulsados por Vidal, quienes fueron excluidos de acuerdos, no tienen despacho asignado y durante meses percibieron solo el 50% de sus haberes.
Frente a ese escenario, el gobierno provincial intentó sostener la vigencia de la ley mediante un recurso extraordinario federal. Pero el 25 de marzo de 2026, el TSJ resolvió no conceder los recursos presentados por la Fiscalía de Estado, la Cámara de Diputados y los cuatro nuevos vocales designados, bajo el argumento de que ninguno superaba el examen de admisibilidad. Para el oficialismo, esa decisión constituye un “exceso ritual manifiesto” orientado a impedir que la Corte Suprema analice el fondo del conflicto y a bloquear la incorporación de los nuevos jueces.
En el recurso de queja presentado ante la Corte Nacional, la Fiscalía de Estado —a cargo de Natalia Linardi— advierte que la situación reviste “suma gravedad institucional” y acusa al Poder Judicial provincial de invadir competencias propias del Ejecutivo y del Legislativo, al arrogarse facultades para decidir sobre su propia integración, lo que vulnera el principio de división de poderes consagrado en la Constitución Nacional. La presentación solicita al máximo tribunal que declare mal denegado el recurso y avance sobre la validez de la ley de ampliación.
El gobernador Claudio Vidal elevó el tono de sus críticas y calificó la conducta del TSJ como “destituyente” y “antidemocrática”. “Estamos frente a una Justicia que actúa como oposición. Buscan desfinanciar al Estado y condicionar al Gobierno”, afirmó el mandatario, quien denunció una actitud sistemática para frenar decisiones del Ejecutivo y del Legislativo.
El caso ya acumula múltiples presentaciones ante la Corte Suprema, incluyendo un recurso presentado en febrero por el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, así como las apelaciones de los cuatro jueces designados bajo la nueva ley. La resolución final queda ahora supeditada a lo que decida el máximo tribunal nacional, en una disputa que expone las tensiones entre los poderes del Estado en Santa Cruz y que, según advierten desde el oficialismo y reconocidos juristas, no tiene precedentes en la provincia.
