El Gobierno acelera la reforma laboral: el plan para destrabar los votos de los gobernadores

Bajo la presión directa de Javier Milei, el oficialismo ha puesto quinta marcha a las negociaciones por la Modernización Laboral. Con el objetivo de sancionar la ley antes de marzo, la Casa Rosada busca blindar un acuerdo con la "oposición dialoguista" y los gobernadores, cuyos votos en el Congreso son el último obstáculo para la reforma.

El calendario de la Casa Rosada
La estrategia se cocina en la Mesa Política, que se reúne hoy y volverá a hacerlo el próximo miércoles 4 de febrero en el despacho de Manuel Adorni. El cronograma que maneja el Ejecutivo es ambicioso:

2 de febrero: Inicio del periodo de sesiones extraordinarias.
11 de febrero: Fecha tentativa para el tratamiento en el Senado (Cámara de origen).
Marzo: Plazo máximo fijado por Milei para tener la ley sancionada.
"La reforma idealmente tiene que salir en febrero. No hay margen para esperar devoluciones eternas de las provincias", confió a este medio un integrante del círculo íntimo presidencial.
 
El "Factor Ganancias": La moneda de cambio
El principal punto de fricción no es técnico-laboral, sino fiscal. El proyecto propone reducir las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que impacta directamente en la masa coparticipable que reciben las provincias.

El costo de la disputa

El impacto fiscal proyectado de la reforma se desglosa de la siguiente manera respecto al Producto Bruto Interno: para la Nación representa un 0,50%, para las Provincias un 0,15%, lo que suma un Total del 0,65% del PBI.

Aunque el 0,15% parece una cifra menor, para los gobernadores —con cajas asfixiadas por el recorte de transferencias discrecionales— es un punto de quiebre.

La táctica libertaria: Fuentes oficiales admiten que utilizarán este punto para "tensionar al máximo". El plan es que la discusión por el dinero "se lleve la marca" y actúe como fusible, permitiendo que el núcleo duro de la reforma laboral (la flexibilización de trámites y reducción de burocracia) pase sin cambios.

 
Las dos vías para el consenso
Para evitar un naufragio legislativo, el Gobierno evalúa dos alternativas para compensar a las provincias:

Esquema de compensación directa: Reposición de fondos por la caída de la coparticipación.
Transición diferida (La más probable): Que la Nación cubra el bache fiscal de las provincias temporalmente, postergando la aplicación total de la reforma en el interior hasta 2027.
Mesa de decisiones: ¿Quiénes mueven los hilos?
La coordinación está en manos de una mesa compacta pero poderosa:

Gestión Política: Karina Milei, Santiago Caputo y Manuel Adorni.
Legislativo: Martín Menem y Patricia Bullrich (quien ya negocia modificaciones al dictamen de diciembre).
Territorial: Diego Santilli, encargado de la "rosca" con los mandatarios provinciales.
Caja: Luis "Toto" Caputo, quien interviene cuando el debate amenaza el equilibrio fiscal.