Redacción ARG360
El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) definió anoche su hoja de ruta antes de la cumbre de alto voltaje que mantendrá esta tarde, desde las 15, con la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich. El encuentro, que tendrá lugar en el Palacio Legislativo, será el escenario donde el radicalismo pondrá precio a su acompañamiento para la reforma laboral, en una mesa que también integrarán el PRO y bloques provinciales.
El "80-20" de la negociación
Aunque la mayoría de los senadores radicales, liderados por el correntino Eduardo Vischi, optó por el silencio público para preservar la negociación, puertas adentro el consenso es alto. Fuentes de la bancada deslizaron a Infobae que el acuerdo con la iniciativa libertaria ronda el 80-85%, pero el porcentaje restante contiene "líneas rojas" innegociables.
Los puntos de fricción se concentran en tres ejes:
Federalismo: El rechazo a cualquier quita de coparticipación que afecte a las provincias.
Equidad empresarial: Una revisión de los beneficios que el dictamen otorga a las grandes corporaciones en detrimento de las pymes.
Caja sindical: La discusión técnica sobre la cuota solidaria.
"Lo mejor es sacar una ley prolija de una vez por todas y acabar con la precariedad de los DNU frenados en la Justicia", confió un legislador de peso, subrayando la voluntad "acuerdista" pero exigente del bloque.
El rompecabezas del quórum
Para el oficialismo, la matemática es implacable. Bullrich cuenta con 21 senadores propios, pero necesita 37 para habilitar el recinto. La llave del éxito depende de:
Los 10 votos clave de la UCR.
Las 3 adhesiones del PRO, bajo la tutela del misionero Martín Goerling.
El apoyo de los denominados "silvestres" provinciales.
En este último grupo, se espera la presencia de Carlos Espínola (Corrientes), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén), quienes operan como embajadores de los gobernadores Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa.
Alertas por facultades delegadas y medio ambiente
La preocupación opositora no se agota en lo laboral. Hay una lupa puesta sobre el artículo 212 del dictamen, que permitiría al Ministerio de Economía decidir la entrada en vigencia de fondos de asistencia y reducciones impositivas según las metas de equilibrio fiscal. "Es, en la práctica, otorgar una facultad delegada encubierta", advirtieron desde el Senado.
Asimismo, la reforma de la Ley de Glaciares asoma como otro foco de conflicto. El radicalismo y los bloques patagónicos demandan:
Adecuación estricta al Acuerdo de Escazú para garantizar la participación ciudadana.
Claridad en la delimitación de zonas periglaciales para evitar que la inseguridad jurídica —sujeta al arbitrio de gobernadores de turno— ahuyente inversiones.
Revisión de las regalías, cuyo porcentaje actual consideran "insignificante" frente al impacto ambiental.
Con este pliego de condiciones, la Casa Rosada deberá decidir cuánto está dispuesta a ceder para garantizar que la sesión extraordinaria, prevista para el 11 o 12 de febrero, no se convierta en un nuevo traspié legislativo.
