--- canonical_url: "https://arg360.com/contenido/2409/la-falsa-soberania-que-busca-milei-en-malvinas" title: "La falsa soberanía que busca Milei en Malvinas" article_type: "Article" description: "El Gobierno anunció por cadena nacional un decreto (el 868/2026, que acelera sanciones ya vigentes desde 2012 y las ata al RIGI) contra un proyecto con financiamiento cerrado y contratos firmados. Lo que movió a las petroleras fue Vaca Muerta, construida durante catorce años y cuatro gobiernos. La misma densidad productiva que este programa está desarmando" main_image: "https://arg360.com/download/multimedia.normal.8e8be5cd4b6c280d.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-09-11T08:26:00-03:00" date_modified: "2026-09-11T08:30:35-03:00" tags: - "Hernán P. Herrera" - "Javier Milei" - "Malvinas" author_name: "Hernán P. Herrera" category_name: "Claves" category_url: "https://arg360.com/categoria/3/claves" --- # La falsa soberanía que busca Milei en Malvinas ![sea-lion-malvinas](/download/multimedia.normal.8e8be5cd4b6c280d.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) El jueves 3 de septiembre Javier Milei anunció un decreto para acelerar las sanciones a las petroleras que operan en Malvinas, fondos para una base naval en Tierra del Fuego y un proyecto de ley que extiende las penas a accionistas, directores y proveedores. Dijo, por primera vez de manera explícita, que los isleños carecen de derecho a la autodeterminación por tratarse de una población implantada. El sábado 6, SLB, Baker Hughes y Halliburton comunicaron que no participarán de proyectos hidrocarburíferos en las islas ni en los espacios marítimos circundantes. Son las tres mayores empresas de servicios petroleros del mundo y las tres citaron el decreto. SLB firmó en 2017 un acuerdo con YPF para desarrollar Bandurria Sur, presta servicios a Vista, Tecpetrol y Pluspetrol, y en noviembre de 2024 acordó con Capex la perforación de pozos en Agua del Cajón. Halliburton respondió que respeta la soberanía argentina y aclaró que su filial local se mantiene fuera de Sea Lion. Ninguna de las tres estaba en Sea Lion. Lo que hicieron fue clausurar públicamente una participación futura. Y la primera fase del proyecto tiene adjudicados el buque de producción, el equipo de perforación y el paquete submarino desde diciembre de 2025. El efecto recae sobre las fases siguientes y sobre el costo de contratar, con el cronograma de 2028 intacto. Las dos operadoras lo dijeron por escrito ese mismo viernes: las medidas carecen de efectos materiales sobre el proyecto. La pregunta que importa es por qué se movieron esas tres empresas. Se movieron porque tienen contratos grandes en Vaca Muerta. En julio de 2026 la producción nacional llegó a 916.200 barriles diarios, con la cuenca neuquina aportando 643.100, y las exportaciones de crudo del primer semestre crecieron 59,2%. Ese activo se construyó a lo largo de catorce años, iniciado gracias a las medidas de estatización de YPF llevadas adelante con éxito por Cristina Kirchner. Es la política de Estado más continua que tuvo la Argentina en medio siglo. Milei administra una herencia, y lo hace generando enclaves y desarmando el desarrollo regional con el RIGI. La soberanía que exhibe el Gobierno se apoya, entonces, en un patrimonio productivo que no construyó. Y eso todavía sería una discusión menor si no fuera porque su propio programa está erosionando ese patrimonio. Las sanciones ya existían. La Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía declaró clandestinas las actividades de Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte y la 456/2013 la inhabilitó por veinte años. Navitas entró al proyecto en febrero de 2020, fue notificada en julio y quedó inhabilitada por veinte años el 23 de abril de 2022. Cinco sanciones acumuladas, ninguna dictada por esta gestión. Después de aquella inhabilitación, Navitas compró el 65% del yacimiento, tomó la operación, consiguió mil millones de dólares de crédito internacional y llegó a la decisión final de inversión. El instrumento ya se había probado sobre las operadoras y no las disuadió, porque carecen de activos en la Argentina. El viernes 4 la Cancillería difundió los nombres de 45 personas humanas y jurídicas alcanzadas por los sumarios. Junto a las licenciatarias y sus accionistas israelíes y británicos figuran la certificadora de reservas Netherland Sewell, el proveedor de servicios Fugro y gestoras de fondos indexados como Vanguard y Dimensional. Figuran también tres plataformas de custodia de ahorristas minoristas británicos y un matrimonio, los Newlands, cuya vinculación con el asunto consiste en tener acciones de una empresa exploratoria. El listado se armó con el registro público de accionistas y no con el mapa de intereses económicos. Por eso alcanza a un matrimonio y, al mismo tiempo, deja afuera a Harbour Energy, la compañía creada en 2021 mediante la combinación de Chrysaor y Premier Oil. Harbour había sido objeto del proceso de inhabilitación iniciado en 2022 por su participación en Sea Lion, pero ese mismo año completó su salida del proyecto, que quedó en manos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. En septiembre de 2024, Harbour completó la adquisición de los activos internacionales de Wintershall Dea por US$11.200 millones. En la Argentina, la compañía produjo en promedio unos 73.000 barriles equivalentes de petróleo por día en 2025 y concentra sus activos en la Cuenca Marina Austral, en Tierra del Fuego, y en las áreas de Aguada Pichana Este y San Roque, en Vaca Muerta. Tiene una participación del 22,5% en Aguada Pichana Este y del 37,5% en CMA-1, donde se encuentra el proyecto Fénix; ambos activos son operados por TotalEnergies. La obra de la base por otro lado, empezó en marzo de 2022 y acumula 9,13% de avance físico. El Presupuesto 2025 suspendió el financiamiento progresivo del Fondo Nacional de la Defensa y el Presupuesto 2026 derogó directamente el inciso que destinaba el 0,8% de los ingresos corrientes al reequipamiento militar, sin incluir partidas para continuar la construcción. El esquema que lo reemplazó, creado por decreto en mayo, financia el reequipamiento con un porcentaje de la venta de inmuebles del Estado. Tres semanas antes de la cadena nacional, otro decreto autorizó la venta de casi 38 hectáreas de la Armada en pleno centro de Ushuaia, en el predio que lleva el nombre de los 44 tripulantes del ARA San Juan, por unos dos millones y medio de dólares según la denuncia de la senadora Cristina López. Se anuncia una base naval y se vende el terreno de la Armada en la ciudad donde la base se construye. En esa misma ciudad, el 24 de agosto, amarró el VS Promise, un petrolero de bandera británica matriculado en la Isla de Man, dependencia de la Corona, después de cargar crudo en la monoboya de Río Cullen. El puerto pertenece a Tierra del Fuego y está intervenido por la Nación desde enero de 2026. La ley provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, restringe el amarre de buques británicos. Diez días después llegó la cadena nacional. El anuncio llegó cuarenta y ocho horas después de que Donald Trump respondiera que revisaba todas sus posiciones y que la de Malvinas era una entre muchas. The Telegraph había revelado que esa revisión circula en el Pentágono como pieza de presión para llevar a los aliados de la OTAN al 5% del producto en defensa, mientras el primer ministro Andy Burnham se comprometió al 3,5% para 2035. El Departamento de Estado, consultado, ratificó su neutralidad formal. Londres respondió que su compromiso con las islas es absoluto, que la Argentina es su tercer socio comercial en la región y que respalda los proyectos de perforación. La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de noviembre de 2025 formuló un corolario propio de la Doctrina Monroe y planteó un hemisferio occidental libre de incursiones extranjeras hostiles. La disputa con China se despliega en tecnología, minerales críticos, comercio y sobre todo energía. Washington triplicó el presupuesto de su agencia de financiamiento al desarrollo imitando el modelo crediticio chino y en octubre de 2025 extendió una línea de crédito de emergencia al Banco Central argentino. Alinearse con ese tablero tiene costos, y el Gobierno los presenta como beneficios. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico Sur, 3.662 resuelven en un ejercicio presupuestario lo que la Argentina discute hace una década. Sea Lion tiene 917 millones de barriles de recursos certificados, 2.100 millones de dólares de inversión en su primera fase y primer petróleo previsto para marzo de 2028. El gobierno isleño proyecta recaudar, en el pico de producción, 181 millones de libras de impuesto a las ganancias corporativas más 99 millones de regalías. Son 280 millones de libras anuales contra ingresos actuales del orden de los 129 millones. Más del doble de todo lo que hoy recauda ese gobierno y el equivalente al 97% de su producto. Con esa perspectiva están armando un fondo soberano, con el modelo noruego como referencia declarada desde 2013 y antes de que salga el primer barril, porque saben que una economía de tres mil personas atada al precio del crudo necesita un amortiguador institucional. Tienen calificación S&P en A+ estable. La Argentina está en B-. Diez escalones separan al territorio reclamado del país que reclama. Desde el Instituto Argentina Grande venimos proponiendo un Fondo Soberano Argentino con doble ventanilla, una de estabilización externa que se active cuando el Brent supera los ochenta dólares y otra de desarrollo productivo, capitalizado con un porcentaje de las regalías hidrocarburíferas. Las islas están haciendo exactamente eso y nosotros seguimos sin vehículo institucional para capturar rentas extraordinarias que circulan hoy. Notable. **La autodeterminación** Milei retiró a los isleños el argumento jurídico de la autodeterminación sin ofrecerles ninguna contrapartida material. Para una población que ya tiene salud pública, vivienda estatal y carreras universitarias financiadas en Gran Bretaña sin deuda estudiantil, la oferta argentina de esta semana consiste en un sumario administrativo. La política de seducción que sostuvo el reclamo durante décadas quedó reemplazada por una notificación. Por lo menos, merece pensarse. Si la palanca argentina en el Atlántico Sur es la escala de su aparato productivo, entonces la soberanía se defiende cuidando ese aparato. Lo que está ocurriendo va en sentido contrario. Desde noviembre de 2023 cerraron 30.663 empresas empleadoras según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y se perdieron más de 241.000 puestos registrados privados. En 2025, por primera vez en la serie, el producto creció y el empleo registrado cayó al mismo tiempo. El tipo de cambio real multilateral del Banco Central volvió a niveles de 2017. Y la industria lleva caída 11% sobre 2023. La única política de inversión de envergadura es el RIGI, que acumula 41 proyectos en cartera por casi 141.000 millones de dólares, con 16 aprobados y una inversión ejecutada efectiva que no alcanza los mil millones, toda en minería, petróleo, gas, energía o siderurgia. Ninguno tiene perfil pyme. El artículo 198 (de la Ley Bases) habilita disponer del 100% de las divisas de exportación desde el cuarto año, fija estabilidad fiscal por treinta años y baja Ganancias del 35% al 25%. La exigencia de proveedores locales quedó en 20%, y solo cuando estén disponibles y en condiciones de mercado, una cláusula que se cumple sola. El campamento Batidero, en el proyecto Vicuña de San Juan, lo mostró de manera muy llamativa. Los módulos donde van a dormir miles de trabajadores se fabrican íntegramente en China, porque la oferta de PowerChina resultó dieciocho millones de dólares más barata que la de la argentina Modular Homes. Esa diferencia equivale al 0,1% de la inversión total del proyecto y costó al menos cuatrocientos empleos directos, según la Cámara Argentina de la Construcción Modular. Un régimen que omite exigir eslabonamiento consigue que hasta las casas de los trabajadores lleguen importadas. Así, un decreto que acelera sanciones dictadas hace más de una década, una lista que alcanza a un matrimonio británico, una base naval financiada con la venta del terreno de la Armada, y un régimen de inversiones que renuncia a construir la trama de proveedores que vuelve creíble cualquier reclamo. Soberanía es capacidad de decidir sobre el propio territorio y sobre el propio excedente, y esta semana quedó claro que la primera depende de la segunda. Hay alternativas que deberían tenerse en cuenta. Condicionar el artículo 198 a metas verificables de empleo formal y contenido local creciente (reciprocidad), o incluso poner en duda este artículo con una articulación institucional que beneficie a todos. Elevar del 20% al 40% la exigencia de proveedores nacionales del artículo 174. Excluir del régimen los desarrollos que omitan completar al menos un eslabón de procesamiento doméstico. Crear el fondo soberano que las islas están creando. Es lo que Alice Amsden llamó disciplina del capital, y es lo que separa a un país que desarrolla de uno que solamente extrae. Marcelo Diamand describió hace medio siglo la restricción que vuelve a estar en el centro: la industria necesita un flujo de dólares que la macroeconomía rara vez asegura. Por primera vez en décadas esos dólares pueden estar. En 2026, la Minería podría ingresar US$9.000 M, petróleo y gas: US$14.400 M, acumulando US$23.400 M en total que en 2023 todavía no estaban, aunque ya empezaban a vislumbrarse, porque esto no empezó ahora. Lo que hagamos con ese flujo define si financiamos una economía que emplea o un enclave que exporta sin difundir sus beneficios. Una sociedad de 47 millones de personas tiene con qué hacer las dos cosas a la vez. Reclamar lo que le pertenece y construir la economía que vuelve creíble ese reclamo. *[Hernán P. Herrera](https://www.instagram.com/hernanpherrera/) es coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande (IAG).* --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.