--- canonical_url: "https://arg360.com/contenido/2240/milei-y-los-costos-que-va-a-dejar-para-mejorar-el-pais" title: "Milei y los costos que va a dejar para mejorar el país" article_type: "Article" description: "La condena de Washington por Aerolíneas —US$ 391 millones para un fondo que compró el juicio— reabre la discusión de fondo: qué hace un país serio con sus sectores estratégicos y por qué el RIGI repite el error de origen" main_image: "https://arg360.com/download/multimedia.normal.ba2a4ef1086a2489.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-07-23T20:41:00-03:00" date_modified: "2026-07-23T20:43:49-03:00" tags: - "Aerolíneas Argentinas" - "Hernán P. Herrera" - "Javier Milei" - "RIGI" author_name: "Hernán P. Herrera" category_name: "Claves" category_url: "https://arg360.com/categoria/3/claves" --- # Milei y los costos que va a dejar para mejorar el país ![Aerolíneas-Argentinas](/download/multimedia.normal.ba2a4ef1086a2489.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) El 21 de julio, la Cámara de Apelaciones de Washington confirmó la condena contra el Estado argentino por la expropiación de Aerolíneas: **US$ 391 millones** más intereses. El ganador es Titan Consortium, un fondo cuyos dueños se mantienen en el anonimato. El laudo del CIADI por la expropiación de 2008 está firme desde 2019; lo único en discusión eran los plazos de ejecución, y la justicia estadounidense los dio por vigentes en las dos instancias. Desde el laudo, los intereses ya sumaron **US$ 70 millones**. Titan cobra un juicio que compró. El grupo Marsans, dueño de Aerolíneas hasta 2008, quebró en España y su titular terminó preso por vaciamiento; en el concurso, la firma británica Burford Capital financió el arbitraje con **US$ 12,8 millones** y en 2018 vendió su participación por **US$ 107 millones**: un retorno del **736%**, según celebró su propio comunicado oficial, sin haberle cobrado un dólar a la Argentina. Esa es la especie: fondos que compran pleitos contra Estados como quien compra un bono a descuento, para cobrarlos a valor pleno en tribunales del Norte. Los buitres de los bonos, los de la saga de Griesa, mutaron en buitres de laudos. Cobra el que compró el papel; el damnificado original salió de la historia hace años. La especie prospera donde se dan tres condiciones, y las tres son decisiones de política. La primera es la jurisdicción ajena: los **46 tratados bilaterales** de inversión de los noventa, la adhesión al CIADI de 1994 y la reforma constitucional que puso los tratados por encima de las leyes archivaron la doctrina Calvo y regalaron el fuero: con **62 demandas** y condenas por **US$ 9.200 millones**, somos el país más demandado del planeta. La segunda condición es el stock de expedientes que dejan las privatizaciones fallidas de sectores estratégicos: donde hubo remate y vaciamiento, después hubo rescate, y cada rescate quedó facturado en Washington. La tercera es el tiempo: la dilación engorda los intereses que el fondo cosecha. Sin fuero externo, sin privatizaciones que revertir y sin demoras, está industria del juicio buitre no existiría. El patrón argentino es de manual y se repite en cuatro sectores. Las AFJP, creadas en 1994, terminaron revertidas en 2008 y todavía generan reclamos de aseguradoras neerlandesas ante el CIADI. El agua, privatizada en 1993, colapsó con la convertibilidad, le dejó al país laudos como el de Suez por **US$ 405 millones** y volvió al Estado en 2006 como AySA. Aerolíneas se vendió dos veces, en 1990 y en 2001, las dos ventas terminaron en endeudamiento y vaciamiento, y la recuperación de 2008 se está pagando ahora: **391 millones**. YPF, privatizada en los noventa, sufrió la desinversión de Repsol, fue recuperada en 2012, y esa recuperación costó **US$ 5.000 millones** en bonos para la petrolera española más el pleito de Burford, que compró en la quiebra de Petersen por **US$ 16,5 millones** un reclamo de **US$ 16.100 millones**, perdió en la Cámara de Nueva York en marzo y ya anunció su plan B: el CIADI, vía el tratado con España de 1991. La secuencia es idéntica en los cuatro casos: privatizar lo estratégico obliga, tarde o temprano, a recuperarlo, y recuperar se paga en tribunales ajenos. Expropiar sale caro; la manera de no expropiar es no rifar. Detrás del patrón hay una razón económica, ajena a cualquier nostalgia. Los sectores estratégicos son las redes de las que depende todo lo demás: la energía, el agua, la conectividad, el ahorro previsional. Combinan monopolios naturales, horizontes de inversión que el capital privado rara vez banca y beneficios sociales que ningún balance empresario captura: la ruta aérea que sostiene una economía regional, la perforación de riesgo que abre una cuenca, la red cloacal que baja la mortalidad infantil. Por eso el que controla decide, y el que decide define el desarrollo. YPF recuperada motorizó Vaca Muerta y el superávit energético que hoy equilibra las cuentas externas. Aerolíneas ordenada cerró 2025 con un superávit operativo de **US$ 113 millones**, sin un peso del Tesoro por primera vez desde 2008, y llegó a ser la única aerolínea en **22 destinos** del interior. El control estatal de lo estratégico rinde: en divisas, en territorio y en capacidad de decisión. Los países que admiramos resolvieron esta discusión hace décadas. Noruega construyó su fondo soberano sobre el control estatal de Equinor. Chile conserva Codelco, y ni la dictadura de Pinochet se atrevió a venderla. Brasil sostiene Petrobras como palanca de su política energética. Francia acaba de renacionalizar EDF al cien por ciento y Alemania rescató a Lufthansa con fondos públicos cuando la pandemia la puso al borde. En el mundo serio, la propiedad de lo estratégico está saldada; lo que se discute, y es atendible, es la calidad de la gestión. El RIGI y su ampliación caminan en la dirección contraria. Atraer inversiones de gran escala en energía, semiconductores o inteligencia artificial es un objetivo que compartimos. El problema está en tres cláusulas. El régimen ata al Estado por **30 años**, entrega los conflictos a tribunales externos —en el Súper RIGI con media sanción, ningún árbitro puede ser argentino y el inversor accede sin pasar por la justicia local— y omite requisitos verificables de contenido nacional, el punto donde el IAG, Futuros Mejores, Grupo Paternal o CEPA o hasta la UIA, y Fundar, advirtieron sobre una economía de enclave. Una estrategia de país se reconoce por cuatro gestos: define qué sectores son estratégicos, construye empresas capaces de conducirlos, en un ambiente propicio para la inversión privada, negocia la inversión extranjera con condiciones de encadenamiento y se guarda la jurisdicción para sus propios tribunales. El Gobierno exhibe el gesto inverso en los cuatro planos: reprivatiza el agua con ofertas al **27 de agosto** y sin precio base, empuja la venta de una aerolínea superavitaria, blinda los sectores nuevos con fuero externo y llama a todo eso libertad. Es un reflejo, y los reflejos se pagan: la factura de Aerolíneas la firmó la convertibilidad y la cobra un fondo anónimo treinta años después. Sabemos cómo termina este contrato porque todavía lo estamos pagando. La discusión que nos debemos como sociedad tiene una sola pregunta al centro: quién decide sobre lo que nos hace posibles como país, cómo generamos muchos y buenos empleos y ante qué tribunal respondemos. *[Hernán P. Herrera](https://www.instagram.com/hernanpherrera/) es coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande (IAG).* --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.