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title: "La inflación que el Gobierno eligió no medir"
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description: "El IPC de febrero marcó 2,9% con la canasta de 2004. Con los ponderadores de la ENGHo 2017/18 —que el INDEC tenía comprometidos para este año— hubiera dado 3,11%, según estimaciones del Instituto Argentina Grande"
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date_published: "2026-03-13T20:56:00-03:00"
date_modified: "2026-03-13T21:09:29-03:00"
tags:
  - "Desempleo"
  - "Hernán P. Herrera"
  - "Inflación"
  - "IPC"
author_name: "Hernán P. Herrera"
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# La inflación que el Gobierno eligió no medir

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### **La diferencia no es técnica: es una decisión política. Detrás del número, un tejido productivo que se adelgaza a 30 cierres de empresas por día y familias cuya mora se triplicó en doce meses.****[if !supportLineBreakNewLine]  
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El INDEC publicó este jueves el IPC de febrero: 2,9% mensual. Es el mismo registro que enero y el más alto desde marzo de 2025, cuando el índice cerró en 3,7% en el pico previo a la salida del cepo. El componente núcleo —el de mayor contenido de señal sobre la tendencia subyacente— subió 3,1%. Los precios regulados acumularon un alza de 4,3%, empujados por la segunda ronda de eliminación de subsidios. La trayectoria es clara: desde mayo de 2025, cuando el IPC marcó 1,5%, el índice no encadenó tres meses consecutivos a la baja. Ocho meses de aceleración sostenida.

El Gobierno presentó el dato como parte de un proceso controlado. Pero hay una pregunta que el número oficial no responde: ¿qué hubiera marcado el IPC si el INDEC hubiera aplicado la metodología que tenía comprometida? La actualización a los ponderadores de la **Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18** fue un compromiso explícito con el FMI —registrado en el propio acuerdo— y estaba prevista para difundirse desde enero de 2026. No se implementó. El entonces director del INDEC, Marco Lavagna, renunció. El ministro Caputo confirmó la postergación "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado". Está claro que no lo está.

En la canasta vigente, construida sobre la ENGHo 2004/05, **los alimentos representan el 26,9% del gasto total de los hogares y la vivienda con servicios públicos apenas el 9,4%.** Con la canasta 2017/18 los pesos se redistribuyen: alimentos bajan a 22,7% y vivienda y servicios públicos suben a 14,5%; transporte y comunicaciones pasan de 13,8% a 19,4%. Es decir, los rubros que el Gobierno viene actualizando con mayor intensidad —tarifas, transporte, prepagas— pesan más en la canasta nueva que en la vieja. Precisamente por eso, la postergación no es neutra.

Con los ponderadores de la ENGHo 2017/18, el IPC de febrero hubiera registrado 3,11%, en lugar del 2,9% oficial (IAG). Un diferencial que, acumulado desde el inicio de la gestión, se vuelve significativo: **la inflación desde diciembre de 2023 fue de 280,5% según el índice vigente, y de 298,9% con los ponderadores actualizados.** Una diferencia que impacta, entre otras cosas, sobre la medición de pobreza, la movilidad jubilatoria y el ajuste de las bandas cambiarias.

Hay un elemento estructural que el debate metodológico pone en evidencia. Al subponderar servicios públicos, el impacto de los ajustes tarifarios queda atenuado en el índice. **Mientras las tarifas sean el vector principal del ajuste de precios relativos, una canasta desactualizada opera como amortiguador estadístico del propio programa.** La condición para implementar la nueva metodología —"que el proceso de desinflación esté consolidado"— la define unilateralmente el Gobierno. No hay criterio técnico público ni fecha de revisión.

## Treinta empresas por día: el costo productivo del modelo

Este debate sobre ponderadores no es abstracto. Tiene una contraparte en la economía real que los datos de actividad y empleo documentan con precisión. **Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 cerraron 21.938 empresas —el 4,3% del total—, a un ritmo de aproximadamente 30,5 cierres por día** (Superintendencia de Riesgos del Trabajo). La industria manufacturera destruyó 2.436 establecimientos. La construcción perdió 64.100 empleos.

El desempleo oficial del tercer trimestre de 2025 fue de 6,6%. El número no captura lo que ocurrió con el empleo formal. La tasa de desocupación descendió porque el empleo informal absorbió parte de esa expulsión: el 84,5% de los puestos creados en el período fueron informales (IAG). Es decir, la mejora en el indicador de desempleo no refleja inserción laboral de calidad; refleja la capacidad de la precariedad para ocultar destrucción formal. La desocupación teniendo en cuenta todo el empleo super precario que el Indec no pasa como desempleo, elevaría el indicador de desempleo a 13,8% (IAG).

La capacidad instalada industrial cerró diciembre de 2025 en 53,8%, el nivel mensual más bajo desde marzo de 2024 (INDEC). El 53,5% de las empresas relevadas por el mismo organismo identifica la debilidad del mercado interno como el principal límite para expandir la producción. No es la presión impositiva ni el costo laboral: es que no hay demanda suficiente para justificar la inversión. **Una economía con casi la mitad de su capacidad fabril ociosa no está en recuperación. Está en ajuste estructural.**

El sector PyME anticipa que el deterioro continúa. El Radar PyME del cuarto trimestre de 2025 (ENAC, sobre 302 empresas de 22 provincias) señala que el 6,3% de las firmas consultas proyecta cerrar en 2026. Proyectado al universo total, eso implica el riesgo de más de **31.000 cierres adicionales**. La industria es el sector más afectado: apenas el 46% de las empresas industriales reportó niveles de facturación razonables en el último trimestre del año pasado.

El correlato en las finanzas de los hogares es igualmente preciso. **El ratio de irregularidad en los créditos a familias cerró diciembre de 2025 en 9,3%: más del triple del 2,5% de un año antes, el valor más alto desde que existe la serie** (BCRA, Informe sobre Bancos, diciembre 2025). Los préstamos personales alcanzaron en las familias una mora del 12%; las tarjetas de crédito, 9,3%. Entre las entidades no bancarias —los datos son más viejos—, la irregularidad es de 18% en fintechs o 27% en casas de electrodomésticos, por ejemplo.

El mecanismo es conocido: ante la caída del salario real, las familias usaron el crédito como puente. La relación entre deuda promedio y salario medio pasó de 1,5 a 2,5 sueldos entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 (Banco Provincia, en base a BCRA). En noviembre de 2025, el 44,6% de las compras en supermercados se pagó con tarjeta de crédito, el nivel más alto del que se tiene registro. **El crédito funcionó como amortiguador mientras los ingresos se recomponían. Cuando la recomposición se detuvo, se convirtió en carga impagable.** Hoy, 1 de cada 4 personas endeudadas tiene dificultades para cancelar sus compromisos (Banco Provincia). El 47% de los hogares debió recurrir a ahorros, venta de bienes o nuevo endeudamiento para llegar a fin de mes durante 2025 (IAG).

El circuito se cierra solo: ajuste de ingresos reales lleva a una caída de la demanda interna, genera cierre de empresas, hay pérdida de empleo formal, sube la precariedad, crece el endeudamiento defensivo, y repercute en una mayor mora. **Cada eslabón se retroalimenta. No hay en el modelo actual un mecanismo que interrumpa esa cadena desde el lado de la demanda.**

La estabilización macroeconómica tiene valor real. La baja de la inflación desde 25,5% mensual en diciembre de 2023 a niveles de entre 2% y 3% es un dato concreto. Pero la pregunta pertinente no es si hubo estabilización, sino a qué costo y sobre qué base estructural. Un proceso de desinflación que incluso ahora está en duda, requiere que los precios converjan con ingresos que crecen, que la capacidad productiva se mantenga activa y que el crédito financie inversión y no solo subsistencia. Ninguna de esas tres condiciones está presente de manera simultánea.

La alternativa no pasa por ignorar el equilibrio fiscal ni por reproducir los desequilibrios cambiarios que precipitaron el año 2023. Pasa por entender que **sin un balance de pagos que descanse en exportaciones con valor agregado, la estabilidad cambiaria depende del endeudamiento externo y de la restricción permanente del consumo interno.** Reactivar la capacidad instalada ociosa —hoy por encima del 46% en la industria— con una política industrial activa generaría empleo formal en los conurbanos del interior, mejoraría la balanza comercial de manera estructural (si hay un plan para ello) y crearía las condiciones para una redistribución del ingreso que sea fiscalmente sostenible: no como transferencia de renta, sino como resultado de mayor productividad.

Los datos de hoy son una fotografía, no un destino. Pero mientras el Gobierno posponga la medición correcta de los precios, mantenga la capacidad fabril funcionando a la mitad y normalice que casi la mitad de las familias llegue a fin de mes con estrategias de emergencia, lo que está consolidando no es una macroeconomía sana. Es una macroeconomía sin base productiva. **Y esa diferencia, tarde o temprano, vuelve.**

**[Hernán P. Herrera](https://www.instagram.com/hernanpherrera/) es coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande (IAG) y columnista de Un Mundo en Marcha (Radio Splendid, AM).**

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