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  - "Asignación"
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# CABA crea una asignación para familias ampliadas

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### La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó y el Gobierno porteño promulgó una nueva prestación económica destinada a “familias ampliadas” y referentes afectivos que se hacen cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes que, por medidas de protección especial, debieron ser separados de sus progenitores por situaciones de vulneración de derechos. La normativa tiene por objetivo evitar la institucionalización temprana de menores y garantizar su bienestar dentro de un entorno familiar o comunitario cercano, siempre que sea posible.

La iniciativa, impulsada por la legisladora Maru Bielli con amplio respaldo multipartidario, fue aprobada en noviembre pasado con 52 votos a favor y ninguna oposición, y fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. La asignación se entregará a adultos responsables del cuidado de los menores durante el tiempo que dure la medida de protección, con el objetivo de asegurar recursos que contribuyan al desarrollo integral, educativo, alimentario y de salud de los niños y adolescentes bajo su cuidado.

**¿Qué es una “familia ampliada”?**  
La ley define a la familia ampliada como aquellas personas vinculadas al niño o adolescente por parentesco, afinidad o vínculo afectivo, como abuelos, tíos, tías o incluso docentes o referentes sociales cuando no hay familia directa disponible. La medida especial de protección se adopta cuando un menor se encuentra “amenazado, vulnerado o violado en sus derechos”, lo que puede implicar la separación temporal de sus padres. Esta situación no solo responde a conflictos graves como violencia intrafamiliar o consumo problemático de sustancias, sino también a dificultades económicas que dificultan el sostenimiento del menor en su hogar habitual.

La asignación profundiza un marco legal que había sido creado en 2021 con la Ley N° 6.516, que estableció el Sistema de Acogimiento Familiar Transitorio para evitar que los niños ingresen directamente a hogares de cuidado estatal o privado cuando no pueden permanecer con sus padres. La intención es preservar la continuidad relacional y escolar de los menores, respetando siempre el interés superior del niño y sus vínculos.

**Monto, requisitos y responsabilidades**  
El monto mensual de la asignación fue fijado en equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) —alrededor de $314.000 por menor bajo cuidado— y se aumentará en caso de que el niño o adolescente tenga discapacidad, llegando a 1,5 SMVyM. El beneficio es compatible con otras prestaciones o ingresos que pueda percibir el adulto a cargo y se abonará mientras dure la medida especial de protección.

Para acceder a la asignación, la persona responsable deberá convivir con el menor y cumplir una serie de deberes contemplados en la norma: garantizar el cuidado diario, la alimentación, la salud y la educación; respetar los derechos personalísimos del menor; promover la participación del niño o adolescente en sus decisiones educativas y de desarrollo; y facilitar los vínculos afectivos con su familia de origen cuando no existan restricciones judiciales para ello.

El espíritu de la nueva norma es claro: que ninguna familia ampliada deje de hacerse cargo de un menor por falta de recursos, promoviendo entornos familiares en lugar de soluciones institucionales cuando la situación así lo permita.

**Perspectiva social y debates pendientes**  
La aprobación de esta asignación se produce en un contexto donde, a pesar de mejoras en algunos indicadores de pobreza, la vulnerabilidad social persiste en amplios sectores de la población porteña y la desigualdad económica sigue siendo un factor que condiciona la vida de niños, niñas y adolescentes. En 2023, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA trabajó con más de 2.100 menores en el marco de medidas de protección especial, casi la mitad de los cuales fue alojada con familias ampliadas o referentes afectivos.

La normativa ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo porteño en un plazo de 90 días, un paso clave para definir los mecanismos prácticos de acceso al beneficio. Algunas voces del campo legislativo ya anticiparon que seguirán de cerca este proceso para asegurar que la ayuda llegue efectivamente a quienes la necesitan y no se diluya en demoras administrativas.

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